La migración venezolana en Colombia: impactos y mecanismos de regulación

La migración según la Organización Mundial de la Salud es “el movimiento de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto al de origen” (OMS, 2016, citado por Pacheco, 2016, p. 18). En esa línea, es evidente que algunos países suelen tener mayor flujo de migrantes que otros por las mejores condiciones económicas, de seguridad, educativas y laborales que le pueden brindar al migrante. Ejemplos claros son Arabia Saudí, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Rusia, los cuales son países desarrollados, con economías e instituciones fuertes capaces de incorporar a los migrantes.

Por otra parte, los países en desarrollo reciben migrantes, pero no en las mismas cantidades que los países nombrados anteriormente. Según el informe titulado Migración entre países de América Latina realizado por la CEPAL[1] en el año 2019, se presentaron dos hallazgos: el primero, afirma que en América Latina el peso de la población inmigrante respecto al de la población total no llega a superar el 10% y el segundo, “en América Latina se han intensificado las migraciones intrarregionales, pasando de un 24% del total de los migrantes en 1970 a un 63% en el año estudiado” (CEPAL, 2019).

Precisamente, Venezuela ha vivido un fenómeno de una magnitud nunca antes visto en la historia de América Latina. Durante los últimos años se ha agudizado la situación social, económica y política del país, generando la salida de millones de personas, las cuales, en búsqueda de mejores condiciones de vida se dirigen a diferentes partes del mundo, principalmente a Colombia, Perú y Estados Unidos. Para junio de 2020 1.809.972 venezolanos migrantes se habían asentado en Colombia, 829.677 en Perú y en Estados unidos un total de 351.144 venezolanos. (ACNUR, 2020)

Ahora bien, este flujo migratorio de venezolanos, según una publicación de la revista Semana realizada en el año 2018, se ha visto en un total de cinco oleadas.  La primera, se dio entre el año 2000 y el 2005, en el que los principales protagonistas fueron los altos funcionaros que estaban amenazados, perseguidos y censurados por el régimen de Hugo Chávez y adicionalmente se sumó una minoría de empresarios industriales que buscaba expandirse en otros territorios. La segunda, empezó después del 2005 cuando el desorden monetario, la represión, las políticas públicas inoperantes y la apropiación de grandes empresas motivaron a trabajadores altamente cualificados y grandes empresarios a salir del país. (Semana, 2018)

La tercera, empezó transcurrido el año 2010 y comprendió a profesionales de todas las áreas, la mayor parte de la clase alta y una minoría de la clase media. La cuarta, tuvo lugar en el año 2013, después de la muerte de Chávez y con la llegada de Nicolás Maduro al poder porque las campañas de censura y persecución, al igual que, nuevas medidas económicas y sociales que agudizaron la crisis, fomentaron la huida de la clase media y el retorno de los colombianos que aún permanecían en el país (Semana, 2018). Por último, la quinta oleada empieza en el año 2016, en el que se evidencia, que la migración empieza a darse como una necesidad y no como una opción, es la oleada de la mayor crisis humanitaria porque quienes huyen son los más pobres y vulnerables de toda la población.

Al observar las distintas oleadas, se evidencia que el objetivo de los venezolanos que abandonaron su país en las primeras, era mejorar la calidad de vida, pero en las últimas, se visibiliza que, los actuales migrantes tomaron la decisión debido a que su país no puede brindar las condiciones básicas para vivir, como la salud de calidad, el abastecimiento de alimentos, la seguridad y un techo digno. Estas situaciones cada día empeoran y hacen que la última oleada llegue con esa condición porque como afirma el sociólogo Tomás Páez del total de ciudadanos que se quedaron en Venezuela después del año 2016, el 82% ha empobrecido y lo seguirán haciendo de manera acelerada si la situación no cambia. (Páez, 2018)

Así, el actuar de las instituciones colombianas frente a los grandes flujos migratorios, de los últimos años, se ha caracterizado, según el Banco Mundial, principalmente por la falta de articulación entre las acciones realizadas por parte del gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales, la precariedad en la implementación de planes en beneficio de los migrantes, la ausencia de personal para atender los venezolanos que entran al país y la inexactitud en las cifras de los migrantes regulares e irregulares por la existencia de varias fuentes (Banco Mundial, 2018, pág. 71).

Dentro de estos factores, la inseguridad es uno de los más preocupantes, asociado según las autoridades, a esta última oleada de migrantes. Según Migración Colombia muchos venezolanos al llegar al país son reclutados por bandas criminales, que como dijo recientemente en una entrevista el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, son fáciles de reclutar por el «estado de indefensión» en el que llegan y actualmente “el 30% de combatientes de los grupos armados ilegales en la región de la frontera oriental de Colombia son venezolanos” (Sepúlveda, 2019). Buena parte de ellos son vinculados a bandas delincuenciales dedicadas al micro tráfico, el robo a mano armada, el hurto simple y el hurto de vehículos. Todo lo anterior es reflejado en cifras, que, por ejemplo, en Bogotá, muestran que la cantidad de capturas de venezolanos delinquiendo entre el 2018 y el 2019 aumentó en más de un 500%, pasando de 400 a 2510 (Mantilla, 2019) – para agosto del 2021 el reporte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá informada de la capturada de 16.900 venezolanos.

Ahora bien, debido a las mismas dificultades, la otra parte de la población migrante, es decir, la activa laboralmente, se ve en la necesidad de generar ingresos inmediatos y es aquí donde recurren al sector informal. Los problemas inminentes, según el presidente de Asofondos y una publicación de la revista Dinero, titulado Las devastadoras consecuencias de la informalidad en Colombia, es que los inconvenientes como, la disminución de la productividad del país,  la baja cobertura de la seguridad social contributiva, la necesidad de nuevas reformas que aumenten la tributación de los pocos que aportan y la posibilidad de garantizar trabajos dignos, al igual que pensiones dignas, entre otros, está directamente relacionado con el aumento de los niveles en la informalidad que en los últimos años ha oscilado entre el 47% y 48% (DANE, 2020), (Montenegro, 2016), agravada ahora por la migración.

Por otro lado, uno de los sectores de mayor afectación ha sido el de salud. Aquí, la ausencia de un sistema básico en el vecino país para garantizar atención a toda la población, el desabastecimiento de medicinas y vacunas y la emigración masiva del personal médico de Venezuela, trajo como consecuencia que la condición de salud de los migrantes que llegan a Colombia sea preocupante y en muchos casos critica. Según cifras del RAMV, al 12 de junio de 2018, de los 442.462 migrantes irregulares venezolanos registrados, 16.812 reportan estar con enfermedades crónicas, 468 con enfermedades infectocontagiosas y de las 8.209 mujeres embarazadas, 6.304 no han tenido ningún control prenatal. (Migración Colombia, 2018).

En este sentido, la demanda de servicios de salud ha aumentado aceleradamente agravando la situación de un sistema de salud colombiano que de por sí está lleno de dificultades presupuestales, de cobertura y de calidad en la atención. Adicionalmente, esta situación se vuelve más compleja en la época de COVID-19 porque genera una mayor presión sobre el sistema, al igual que sobre las finanzas que el país destina al mismo. Precisamente, en una intervención del fallecido Carlos H. Trujillo cuando era canciller, en el foro organizado por El Tiempo y la Universidad del Rosario, afirmó que para el 2021, la atención a venezolanos podría costar hasta $ 26 billones de pesos, no solo para atención general y tratamiento clínico, sino para el control del rebrote de enfermedades ya controladas en Colombia como, el sarampión, la rubeola, la difteria, entre otras. (El Tiempo, 2018)

La xenofobia y la discriminación a los venezolanos se ha incrementado en los últimos años en la medida en que las condiciones económicas y de seguridad en el país han desmejorado y se ha elevado significativamente el número de migrantes, además, los hechos delictivos y de violencia realizados por algunos venezolanos y ampliamente difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales han profundizado la situación. Lo anterior, ha llevado a denuncias de Human Rights Watch o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la existencia de fosas comunes con restos de personas migrantes en algunos países, linchamientos en otros como en Brasil y Ecuador o el aumento en el número de muertes de venezolanos hasta en un 244%[2], como es el caso de Colombia.

La regularización de venezolanos en Colombia: ¿cuestión de humanidad o respuesta a una realidad latente?

Así como lo afirman Daron Acemoglu y James Robinson, en su libro Por qué fracasan los países, toda acción que tome una institución define el rumbo del país y estas pueden ayudar a alcanzar la prosperidad y la riqueza o, por el contrario, condicionar al país al estancamiento y la pobreza (Acemoglu & Robinson, 2012).  En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional, el pasado 8 de febrero de 2021 creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos buscando darle un nuevo rumbo a la situación que atraviesa el país. Esta medida inclusiva consiste en regularizar a los migrantes venezolanos durante diez años y, después de concluida la década, dar la posibilidad de que soliciten una visa de residentes si desean permanecer en el país.

A partir de allí, las garantías que se le van a entregar a los venezolanos migrantes van de la mano de la necesidad de lograr su inscripción en las bases de datos de las instituciones públicas, no solo para la oferta de servicios, sino también para poder establecer mecanismos de control, seguimiento a su movilidad y aplicación de la ley. Así mismo, la formalización de la vinculación de los migrantes y la terminación de su status como irregulares facilitará su incorporación al mercado laboral formal con todas las garantías de ley, el reconocimiento de sus derechos ante el estado, el acceso a créditos bancarios, la protección jurídica, los arriendos, la posibilidad de continuar sus estudios superiores y en general a elevar su calidad de vida en una patria distinta a la que los vio nacer.  

Con todo lo anterior, se puede concluir que el estatuto creado para la regulación de los migrantes en Colombia se trata de un principio de realidad, más que de humanidad. Una respuesta a las necesidades del país por recuperarse económicamente y aprovechar los beneficios que los migrantes pueden brindar; y aunque no se niega que el Estatuto es una medida de solidaridad, no es la principal motivación por la que se toma la decisión de aplicar este mecanismo, debido a que son más fuertes los impactos y las pérdidas de no regularizar a los venezolanos en la dinámica de un país que viene con un lastre de problemáticas económicas, de seguridad y de convivencia.

Para concluir, se considera que frente a este nuevo panorama, para que el estatuto tenga sentido y dé los beneficios esperados, es necesario que el gobierno junto a las empresas privadas, la academia, la cooperación internacional, las sociedades organizadas y la misma población, trabajen conjuntamente para crear las mejores condiciones de transición que faciliten que los migrantes puedan adquirir las condiciones que van a permitir que se incorporen a la dinámica nacional y aporten al desarrollo y crecimiento de Colombia.