La migración venezolana: del problema a la oportunidad

Venezuela, un país pujante, con unas rentas multimillonarias derivadas de la explotación minera y en especial del petróleo, que albergó a millones de personas de otras nacionalidades que, en busca de mejores oportunidades llegaron a emplearse en los más variados oficios, se convirtió con el transcurso de unos pocos años en un problema de marca mayor, en materia de migración, para sus vecinos latinoamericanos. Muchos de los venezolanos que han llegado a Colombia huyendo de la miseria, las precarias condiciones de salud, el hambre y, en última instancia, de un régimen dictatorial que no tiene perspectiva cierta de ser sustituido en el corto plazo, manifiestan que se quedarán en nuestro país hasta que las circunstancias cambien en el suyo.

Ante la masiva llegada de migrantes desde la frontera nororiental por ríos y trochas que se distribuyen por toda la zona limítrofe desde la Guajira hasta la esquina más al sur del departamento  de Guainía y que hacen muy difícil el control por parte de las autoridades,  las reacciones de los connacionales van desde la xenofobia hasta la solidaridad pasando incluso por los abusos y la explotación laboral y dependen, fundamentalmente, de las experiencias que cada quien haya tenido en su relacionamiento con ellos.

En el panorama se encuentran personas trabajadoras, solícitas, que terminan siendo contratadas con salarios inferiores a los que se les pagaría a los colombianos desempeñándose en las mismas funciones, profesionales que si bien pueden no estar trabajando en nada relacionado con su formación, han resuelto echar a andar emprendimientos productivos relativamente exitosos, mujeres con poca o ninguna preparación que se dedican a la prostitución para sobrevivir, muchas de ellas como cabeza de hogar frente a la responsabilidad de tres o cuatro hijos.

Si bien es cierto que el volumen de migrantes venezolanos disminuyó por efecto de la pandemia de Coronavirus que viene azotando al mundo, al finalizar el 2020 ya superaba el millón setecientas mil personas, asentadas en alguna ciudad o municipio colombianos y un número no establecido de ellos que puede superar, según lo manifestado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados los cuatro millones seiscientos mil, en tránsito a otros países como Ecuador, Perú y Argentina. Muchos de los que se han quedado en nuestro país, llevan viviendo aquí en promedio dos años.

El porcentaje de migrantes que ha accedido a mecanismos de regularización tanto en Colombia como en los demás países del continente sigue siendo ostensiblemente más bajo que el de quienes, en condición irregular que alcanzan, según datos suministrados por Migración Colombia el 56% de ellos, carecen de vivienda, alimentación, servicios de salud, educación para los más jóvenes y trabajo digno y son altamente vulnerables al tráfico de personas, la explotación sexual y laboral y al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

La Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR – junto con la Organización Internacional para las Migraciones –OIM– y valiosos colaboradores entre los que se cuentan la Cruz Roja, Organizaciones No Gubernamentales como ADRA Colombia, Pastoral Social – CARITAS – Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, las Secretarías de Salud y Desarrollo Social de varias ciudades y algunas entidades privadas han venido desarrollando programas de ayuda y protección para esta población, pero el volumen de venezolanos que arriban al país hace que las capacidades nacionales y las comunidades de acogida se encuentren sobrecargadas y atiendan las necesidades de los migrantes sin alcanzar los propósitos que se han trazado ni los niveles de eficiencia que se requieren.

El pasado 8 de febrero de 2021, el presidente de la República presento al país el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que tendría una vigencia de diez años y permitiría a quienes vienen del vecino país, permanecer en Colombia por una década que, después de cumplida, les exigiría adquirir una visa de residentes si desean permanecer por más tiempo en el país.

Esta es una estrategia que tiene como propósito, establecer mecanismos legales que permitan dar solución a los problemas derivados del fenómeno migratorio y proteger los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente, en mayor condición de vulnerabilidad. Favorecerá solo a quienes hayan ingresado al país antes del 31 de enero de 2021, carezcan del Permiso Especial de Permanencia, hayan solicitado refugio en Colombia o sean titulares de un salvoconducto SC-2, es decir, aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería.

El proporcionar a la población migrante las herramientas necesarias para regularizar su estancia en Colombia, no solo contribuye a lograr para ella opciones de trabajo, acceso a servicios básicos vivienda y educación equiparables con los de los connacionales, sino que posibilita al Gobierno Nacional contar con herramientas que le permitan identificar, caracterizar, ubicar y registrar a todos los migrantes de manera que luego se puedan formular políticas públicas que atenúen su impacto negativo en materia económica y social.

Adicionalmente, la regularización de la población migrante configura un nuevo reto para las entidades benefactoras que han venido prestándole auxilio en materia de alimentación, salud, vivienda, saneamiento básico, y acceso de los más jóvenes a la educación porque, en lo sucesivo, es de esperarse que estos aspectos sean subsanados por el Estado. Será necesario entonces, diseñar proyectos de desarrollo encaminados a desarrollar las capacidades individuales y a fomentar la adaptación al panorama productivo colombiano, incrementar sus ingresos y elevar la calidad de vida de sus familias.

Estas nuevas acciones pueden incluir distintas modalidades de formación para el empleo y para el emprendimiento, la entrega de equipos, maquinarias y capital semilla, programas de formación a través de instituciones como el SENA e iniciativas de emprendimiento e innovación; se podrán plantear también propuestas de inserción laboral con el empresariado colombiano y con la sociedad en general, acciones de convivencia y prevención de la xenofobia, proyectos de mejoramiento o adquisición de vivienda, apertura de espacios para la formación en educación superior, entre muchos otros.